Cámara de Comercio

Ni Ignacio González ni la Cámara de Comercio defienden los intereses de los tinerfeños, sólo protegen la inversión de sus socios más adinerados

Asamblea por Tenerife cree suficientemente probado, tanto en el plano científico y  técnico como en el social, que la construcción del Puerto de Granadilla es un despropósito. No sólo sería un  atentado ecológico de primera magnitud, una infraestructura inoperativa por las condiciones de viento en la zona, comercialmente inviable debido al importante descenso del tráfico marítimo…, sino que, a pesar de la multimillonaria inversión inicial –unos 115 millones de €–, su pretendida capacidad para la creación de empleo no iría más allá de los 50 o 70 puestos de trabajo en su fase de construcción tal como aparece reflejado en el Estudio de Seguridad y Salud que acompaña al proyecto. De la actividad y la generación de empleo que se desarrollaría una vez construido sólo se puede especular dada la escasa operatividad que tendría; no obstante, podemos tomar como ejemplo el gemelo puerto de Arinaga (Gran Canaria), donde sólo han operado tres o cuatro barcos en sus cuatro años de existencia.

A pesar de las numerosas invitaciones cursadas, los promotores del puerto de Granadilla – Constructores, Cámara de Comercio, CEOE, Gobierno de Canarias, etc.- siempre se han negado a debatir sosegadamente con quienes nos oponemos a su construcción. Se han limitado, desde algunos medios de comunicación sumisos -públicos y privados-, a mentir descaradamente sobre la bondad del proyecto o a lanzar fútiles consignas sobre la creación de empleo y un supuesto desarrollo de Tenerife que generaría el puerto, intentando manipular a una población ávida de soluciones a los numerosos problemas que, paradójicamente, han sido causados, en gran parte, por la perniciosa connivencia de estas organizaciones patronales  y los sucesivos gobiernos autonómicos.

En esa lógica manipuladora debemos encuadrar el comunicado que hace unos días emitió Ignacio González, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, en el que hace responsables del futuro “atraso” de Tenerife a los que rechazamos la construcción del Puerto de Granadilla. Este personaje, imputado en el caso de Las Teresitas, basa su acusación en que" la construcción del puerto de Granadilla se hace todavía más necesaria en el actual momento de crisis” de la cual también parece culparnos, y nos acusa de  torpedear posibles soluciones sentenciando que la realización del proyecto puede ser el futuro motor económico, sustituto del turismo que cae en picado. Finaliza el comunicado con alusiones al gas, a su perentoria necesidad, alegando que  contribuirá, incluso, a rebajar la emisión de Co2 ¿Se nos habrá vuelto ecologista? Si con ello gana dinero, seguro que sí.

Desde Asamblea por Tenerife decimos que “Ya esta bien” de mentiras. Estos salvapatrias emboscados en las instituciones públicas y privadas, lejos de pretender una economía sostenible para el conjunto de la ciudadanía y las clases populares defienden solamente sus propios intereses. Veamos la nómina de propietarios de los terrenos aledaños al Puerto de Granadilla: Antonio Plasencia como el más destacado, socio de Ignacio González y también imputado en el caso de Las Teresitas. Como socios tinerfeños de la empresa Gascán –el gas es otra de las excusas para la construcción del puerto– están José Fernando Rodríguez de Azero (CEOE), Pedro Luis Cobiella (Hospiten), Pedro Suárez y otra vez Antonio Plasencia. Añadamos a los miembros de la Unión Temporal de Empresas que construiría el puerto: FCC Construcción, Sato y Promotora Punta Larga, (de nuevo Antonio Plasencia). Finalmente, adornemos todo con la oronda y sumisa presencia de Luis Suárez Trenor, primero, y Pedro Rodríguez Zaragoza, ahora, como sus brazos ejecutores,  y entenderemos cómo y por qué se han constituido todos ellos en fanáticos  defensores de la construcción del Puerto de Granadilla.

Esos y no otros son los intereses que están detrás del puerto y del comunicado de Ignacio González.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de abril de 2009